Denuncie la Extorsión

Por temor a represalias o para buscar "arreglines", algunos empleadores ceden al chantaje y caen en la trampa de coimear a los fiscalizadores. La autoridad llama a denunciar.
JOCELYN BAY-SCHMITH y PABLO OBREGÓN
Publicado en El Mercurio, 12.09.05

Rodolfo no lo podía creer. Además del susto que pasó tras el accidente de uno de sus trabajadores durante la última cosecha, tuvo que escuchar pacientemente el "sutil" chantaje del fiscalizador del Trabajo que llegó hasta su fundo de la zona central para hacer el informe correspondiente."Qué interesante. Qué buenas bombas de agua tiene usted... y tantas. Mire que justito a mi papá le hace falta una. Sería bien visto que usted le facilitara una, fíjese", le decía el funcionario mientras sacaba un formulario. Rodolfo disimuló la rabia y no se dio por aludido. Sabía que la situación estaba en orden y no tenía por qué ser multado. Pese a no ceder al chantaje, no sufrió multa alguna. Claro que tampoco hizo la denuncia contra el funcionario. Como él, hay varios casos de empresarios y agricultores que reconocen haber sido sobornados por algunas autoridades y que por temor a represalias (como "constantes y exhaustivas" fiscalizaciones) optan por guardar un silencio que a veces se convierte en complicidad. Y más de uno confiesa haber pagado la coima, ya sea en dinero o en especies para evitar la aplicación de multas, las que muchas veces son justificadas. Otro empresario de la Séptima Región que prefiere reservar su nombre reclama que el hostigamiento por parte de algunos fiscalizadores se concentra en pymes y pequeños predios agrícolas, cuyos propietarios se sienten más vulnerables frente a la autoridad y también ceden a la tentación de llegar a un rápido pero espurio "arreglín". A todas luces, la tendencia del chileno a evitar futuras complicaciones y/o a intentar "arreglarse a la buena" no hace más que fomentar la corrupción pública. La Dirección del Trabajo no desconoce esta situación, pero precisa que en los últimos años ha adoptado una serie de medidas para transparentar su gestión. Tres removidos: la oficina de auditoría interna de esta entidad dice que pesquisa permanentemente los errores y abusos que pudieran cometer algunos de sus funcionarios. Buen ejemplo de ello es la remoción durante este año de tres fiscalizadores que incurrieron en irregularidades graves por falta de probidad. El más reciente es de Valdivia, de un fiscalizador que fue a exigir mercadería a un supermercado. Además, tenía antecedentes por acoso sexual."Yo no desconozco que puedan ocurrir esos casos. Lo que pedimos es que se hagan las denuncias correspondientes, incluso con reserva de identidad, pero fundada. Existen casos de empleadores que al momento de hacer la denuncia se niegan a formalizarla por temor a represalias posteriores. Ése es el peor error que se podría cometer frente a un funcionario corrupto, pues lo que está haciendo es permitir que se siga cometiendo los mismos delitos con otros afectados", dice el director del Trabajo, Marcelo Albornoz. Aún así llegan pocas multas a tribunales ¿Por qué? Según Albornoz esto se debe a que la mayoría de las multas están basadas en antecedentes concretos y, segundo, porque otras se corrigen por la vía de la reconsideración. Otra tesis es que las sanciones laborales son bajas: pueden ser de 5 UTM ($155.050) a 20 UTM ($620.200), lo que es bastante menor comparado con el costo de seguir un largo e incierto litigio en tribunales.Y a ello se agrega que más de algún afectado no sabe cómo opera el sistema. La facultad legal de reconsiderar administrativamente la infracción contempla un plazo de 30 días corridos. Si se comete una anomalía o hay un error de hecho o de derecho, hay que dirigirse al superior del caso. Si quince días después de impugnada la multa ésta se mantiene, el empleador tiene la posibilidad de reclamar en tribunales. ¿Cuánto se recupera? Desde 1998 todo el sistema de cobranza se traspasó a la Tesorería General de la República a través de sus propios mecanismos. Para tener una idea, entre enero y mayo de 2004, la Tesorería General de la República recaudó $2.381 millones por resolución de multas de la DT.Se venían haciendo 98 mil fiscalizaciones anuales y, este año, terminarán en torno a 120 mil a nivel nacional.Con todo, del total de penas que se aplican durante el año (60 mil, aproximadamente), sólo el 5% son reclamadas en los juzgados laborales."Del total de denuncias por prácticas antisindicales que llegan a tribunales, por ejemplo, el 82% son favorables a la Dirección del Trabajo. Obviamente, hay errores. Pero en los temas más sensibles, la entidad no define cuándo hay una práctica antisindical. Sólo tenemos la potestad de llevar el caso a tribunales, como una especie de fiscalía para que ellos resuelvan", dice.Independientemente del poder que algunos fiscalizadores dicen tener, lo cierto es que existe un patrón de procedimientos que, en teoría, debiera limitar los abusos. Siempre y cuando los afectados -en este caso algunos empleadores- se atrevan a hacer valer sus derechos. Por ejemplo, una fiscalización ordinaria debe constar, siempre, de entrevistas con el propio empleador, los empleados y los dirigentes sindicales. Muy acucioso.Pese a eso, hoy se desarrollan cambios profundos en materia de procedimientos, sobre todo en lo que respecta a la política sancionadora. Hasta hoy existían disparidades que se originaban de un sistema de definición de la multa que daba mucho espacio al criterio. Lo que, ciertamente, sacaba ronchas en los afectados."Que un fiscalizador diga una cosa en Arica y otra distinta en Punta Arenas, frente a la misma materia, no es bueno. Hay que reconocer, eso sí, que cada caso, cada empresa y cada trabajador es algo distinto", dice el director del Trabajo.Con todo, siempre hay reparos. Para limitar aún más las eventuales arbitrariedades, el abogado laboralista de PriceWaterhouseCoopers, Andrés Fuentes, sugiere agotar las instancias que la justicia ofrece.Por ejemplo, recurrir a la figura del recurso de protección cuando la autoridad perturba o amenaza los derechos consagrados en la Constitución.Hay que dejar el temor de lado, desterrar la figura del arreglín y hacer las denuncias cuando corresponda.El abogado laboralista del Estudio Jurídico Otero, Gerardo Otero, agrega que también es importante facilitar y difundir cuáles son los mecanismos para que los empleadores que se sientan afectados por arbitrariedades puedan canalizar sus reclamos ante la propia Dirección del Trabajo. La clave está en conocer cómo opera el sistema para luego atreverse a denunciar las eventuales irregularidades.Fiscalización:¿Cómo opera?Por una parte, está la fiscalización ordinaria y, por otra, los programas específicos, con un patrón determinado a priori por la Dirección Nacional: se determina una cantidad de empresas a fiscalizar, los criterios y objetivos del programa y las materias a pesquisar, el plazo de ejecución y las multas a aplicar.¿Ejemplo? Entre enero y abril de 2005 se desarrolló un programa de fiscalización a la industria de la construcción. Se investigaron tres áreas bien específicas: descanso (multas por 20 UTM o $620.200), registro de asistencia (20 UTM), literas (10 UTM o $155.050). El programa abarcó a 16.295 trabajadores y se aplicaron sanciones por $154 millones.Lógicamente, los montos están determinados a partir del rango que la ley establezca de acuerdo al número de trabajadores. Vale decir, que si se va a fallar contra el tema de la litera, las multas deberán moverse dentro de cierto margen, sin que el fiscalizador pueda operar discrecionalmente.Perfil:¿Quiénes son?De 1990 a la fecha, la dotación de funcionarios de la Dirección del Trabajo se incrementó drásticamente: pasó de 800 a nada menos que 1.840 personas. De esas, 70% corresponde al escalafón de fiscalizadores. El último ingreso masivo de funcionarios ocurrió junto con la implementación de la reforma laboral (2001) e incluyó a 443 personas.¿Quiénes son? Según el director de la entidad, Marcelo Albornoz, del total de fiscalizadores, el 80% corresponde a profesionales, donde predominan los contadores auditores, ingenieros de ejecución y profesores de Estado, los que se ubican entre los grados 10 y 16 de la escala jerárquica de la administración pública. En promedio, ganan entre $500 mil y $700 mil mensuales, dependiendo del grado que exhiben y de la evaluación de su desempeño. Hay que aclarar que su sueldo no tiene relación con las multas aplicadas.En los últimos años, la mayoría de los puestos de trabajo se han generado por la vía de concurso público. Y en el ámbito de la capacitación, existe un programa dirigido por una consultora externa.Todos los funcionarios deben pasar por un curso de capacitación, que es una síntesis de todos los principales aspectos de la normativa laboral: contrato individual, derechos fundamentales, negociación colectiva, libertad sindical, etc."Se ha avanzado bastante, pero no estamos satisfechos. De hecho, tenemos un programa para el próximo año que incorpora técnicas de resolución de conflictos. Buscamos que el fiscalizador sea capaz de resolver el problema por el cual él está siendo convocado", dice Albornoz.DEL TOTAL de multas que se aplican, sólo el 5% son reclamadas en tribunales. En lo que va del año sólo tres funcionarios han sido removidos.